Por Criatura Verde

LA HABANA. – Salir de noche en Cuba ya no es solo un riesgo, es una ruleta rusa. En medio del colapso social y económico que impone la dictadura mas vieja del continente a su ciudadanía, la criminalidad hace de las suyas a sus anchas, incluso en zonas supuestamente seguras e iluminadas. A nuestra redacción llegó el testimonio de un ciudadano que, por miedo a represalias, prefirió el anonimato para exponer la cruda realidad del país.

«Anoche nos asaltaron a mi amigo y a mí en pleno Malecón, en una zona completamente iluminada. Un sujeto armado con un cuchillo le robó el teléfono (la tercera vez en tres años). Lo más inquietante es que, al llamarlo (al teléfono sustraído, respondió) para ofrecerle una recompensa, aceptó sin el menor temor y envió a un compinche a hacer el intercambio. Es su herramienta de trabajo. Tuvo que ceder. Cuando intentamos llamar a la policía al 106, la llamada ni siquiera pasaba, mostrando un supuesto error de batería. El abandono es evidente: pasadas las 10 de la noche, la presencia policial es nula o casi inexistente, o se cubre con jóvenes del Servicio Militar. Más que falta de personal, parece un abandono por diseño», denuncia la víctima.

El cálculo de la inseguridad

Mientras el régimen mantiene tras las rejas a quienes alzan la voz, libera de forma sistemática a convictos de delitos comunes. El resultado es previsible: un aumento descontrolado de la violencia en las calles. Con una crisis sistémica y un sistema penitenciario que no reforma a nadie, la gran mayoría de los liberados vuelve a delinquir.
Este escenario no es un simple efecto colateral de la crisis; es una estrategia de control perversa. Al crear un clima de inseguridad y sumir al país en largos apagones, el gobierno impone un toque de queda extraoficial. El ciudadano común y trabajador prefiere no salir, y quienes realmente controlan las calles ya no son los «revolucionarios», sino los delincuentes.

La falsa «mano dura» y el terrorismo de Estado

Esta dinámica le permite al régimen mantener a la población bajo control y, cuando lo considera políticamente necesario, capitalizar el desorden. En cualquier momento pueden ejecutar un operativo espectacular bajo el sello de «mano dura» —como las recordadas operaciones Maceta, Coraza o Puño, o la arbitraria Ley de Peligrosidad— para posicionarse como salvadores de la paz y, de paso, sacar de circulación a quienes les resulten incómodos sin ninguna garantía legal.

Ante la pasividad intencional de la policía y la corrupción que protege a los criminales, los ciudadanos se ven empujados a tomar la justicia por su propia mano. La respuesta del Estado es lenta o inexistente. Peor aún, el sistema protege al delincuente con multas irrisorias mientras que el ciudadano que se atreve a defenderse suele terminar tras las rejas.

No hay casualidades, ni ineficiencia, ni falta de recursos para la estructura de represión: lo que vive el pueblo cubano es un terrorismo de Estado por omisión. La dictadura deja deliberadamente las calles en manos del hampa para someter al ciudadano al encierro y al terror. El régimen es cómplice, promotor y beneficiario directo de la violencia que ahoga a la isla, usando el caos como su arma más vil para mantener a la población inmovilizada, mientras reserva toda su fuerza y brutalidad policial únicamente para quienes se atreven a alzar la voz exigiendo libertad.