Según (La Derecha Diario) El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las proyecciones de inversión privada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) rompieron todos los techos previstos y ya se encaminan hacia un histórico rango de entre US$ 100.000 y US$ 140.000 millones. El anuncio, respaldado por la llegada de gigantes internacionales como Chevron con un desembolso estimado en US$ 10.000 millones, marca para el Gobierno el fin de la era del aislamiento económico y consolida una corriente sostenida de dólares destinada a infraestructura, energía y minería. Según la visión oficial, este flujo de capitales permitiría dejar atrás las recurrentes crisis cambiarias que golpearon al país durante décadas.

Lo que sectores opositores calificaban meses atrás como una “apuesta riesgosa” hoy comienza a reflejarse en cifras concretas. De acuerdo con registros del Ministerio de Economía, los proyectos presentados formalmente bajo el paraguas del RIGI ya alcanzan los US$ 95.000 millones. Sin embargo, la aceleración de la confianza internacional y el avance de nuevas negociaciones podrían elevar rápidamente esa cifra hacia el umbral de los US$ 140.000 millones. “Son inversiones aseguradas”, sostuvo Luis Caputo, al explicar que el nuevo marco regulatorio generó un fuerte incentivo basado en previsibilidad jurídica, estabilidad fiscal y libertad para la liquidación de divisas. A diferencia de etapas anteriores, el oficialismo sostiene que las corporaciones globales vuelven a mirar a la Argentina porque encuentran condiciones que consideran esenciales para desembarcos de largo plazo: respeto a la propiedad privada, reglas fiscales estables por 30 años y menor presión regulatoria.

El ingreso de estos capitales, además, impactaría directamente sobre la economía real mediante obras de infraestructura, expansión energética y contratación de servicios locales. La confianza en el nuevo rumbo económico también comienza a reflejarse en el mapa productivo del interior. Actualmente, el RIGI cuenta con 14 megaproyectos aprobados, equivalentes a más de US$ 18.300 millones en ejecución inmediata. Las provincias de Neuquén, San Juan, Salta, Catamarca y Río Negro aparecen entre las principales beneficiadas por esta nueva ola de inversiones.

En minería, gigantes internacionales como Glencore, Río Tinto y Newmont lideran inversiones conjuntas superiores a los US$ 15.000 millones destinadas al desarrollo de cobre y litio. Proyectos emblemáticos como Veladero, en San Juan, y Fénix, en Catamarca, suman otros US$ 910 millones para ampliar capacidad operativa y producción exportable. En este contexto, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta exportaciones anuales por encima de los US$ 9.000 millones, impulsadas por la expansión del sector y la demanda global de minerales estratégicos.

En paralelo, las recientes aprobaciones para petroleras como Pluspetrol y Pampa Energía, junto con la megaapuesta de Chevron, apuntalan la transformación de Vaca Muerta en uno de los principales polos exportadores de hidrocarburos del continente. El objetivo oficial es convertir el superávit energético en una fuente permanente de divisas para fortalecer reservas y estabilizar la macroeconomía.

El impacto político y económico del RIGI reside en que el crecimiento proyectado ya no dependería —según el Gobierno— de la emisión monetaria ni del gasto público expansivo, sino de inversiones privadas de gran escala. Estimaciones del sector privado calculan que las obras vinculadas al régimen podrían generar más de 36.000 puestos de trabajo directos de alta calificación, especialmente en provincias del interior profundo. Para la administración de Javier Milei, este esquema constituye uno de los pilares centrales del nuevo programa económico: mientras el superávit fiscal apunta a contener la inflación, el RIGI buscaría aportar los dólares necesarios para fortalecer las reservas del Banco Central y reducir riesgos financieros estructurales.

El oficialismo interpreta el avance del RIGI como la prueba de que el principal obstáculo histórico de la Argentina no era la falta de recursos naturales, sino la inestabilidad económica, la presión impositiva y las trabas regulatorias acumuladas durante décadas. Con reglas de juego más previsibles y una estrategia enfocada en la apertura económica, el Gobierno apuesta a consolidar a la Argentina como uno de los destinos más atractivos para las grandes inversiones en energía y minería de América Latina. La meta de los US$ 140.000 millones ya no aparece como una simple proyección optimista.

Para el Ejecutivo, representa el resultado directo de un programa económico que busca reemplazar el modelo basado en déficit y emisión por uno apoyado en inversión privada, exportaciones y libre mercado. Bajo esa lógica, la Casa Rosada sostiene que el país podría estar ingresando en una nueva etapa de crecimiento sostenido y recuperación estructural.