Una investigación internacional revela cómo la minería ilegal financia estructuras criminales en La Mandinga, mientras crecen los interrogantes sobre la eficacia del control estatal y la presencia militar en la zona.

Redacción Welta News.

Un enclave ilegal que opera a la vista del Estado

Una reciente investigación de The New York Times puso en evidencia un fenómeno alarmante en Colombia: el control operativo y económico del Clan del Golfo sobre explotaciones de oro en La Mandinga, una zona donde la actividad ilegal no solo persiste, sino que se desarrolla con escala industrial.

Lejos de tratarse de operaciones clandestinas dispersas, el informe describe un sistema organizado con maquinaria pesada, rutas logísticas estables y mano de obra constante. Cientos de trabajadores participan diariamente en la extracción de oro bajo condiciones precarias, en un esquema que responde a una estructura criminal consolidada.

El dato más sensible: estas actividades se realizan a escasa distancia del Batallón Rifles 31, lo que introduce dudas profundas sobre la capacidad —o voluntad— de intervención estatal.

El oro como motor de la economía criminal

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del Clan del Golfo, complementando y, en algunos casos, desplazando al narcotráfico como eje económico.

Los ingresos derivados de esta actividad permiten:

• Financiar la compra de armamento
• Sostener estructuras de control territorial
• Ejecutar acciones violentas, incluyendo asesinatos selectivos
• Mantener redes de coerción sobre comunidades locales

Este modelo convierte al oro en un recurso estratégico de alto valor para las organizaciones criminales, con menor exposición internacional que el tráfico de drogas.

Impacto ambiental: un daño silencioso y persistente

El costo ecológico de estas operaciones es significativo y, en muchos casos, irreversible. La extracción ilegal implica:

• Contaminación de ríos con mercurio y químicos tóxicos
• Deforestación acelerada del bosque tropical
• Alteración de ecosistemas completos

Las comunidades cercanas enfrentan una doble vulnerabilidad: dependen económicamente de la actividad minera mientras sufren sus consecuencias sanitarias y ambientales.

Presencia militar y ausencia operativa

Uno de los puntos más críticos del caso es la proximidad entre las explotaciones ilegales y el Batallón Rifles 31. Esta coexistencia plantea interrogantes estructurales:

• ¿Existen limitaciones reales en la capacidad operativa del Ejército?
• ¿Hay fallas en los sistemas de inteligencia y control territorial?
• ¿Podrían existir casos de tolerancia o debilidad institucional a nivel local?

Hasta el momento, no hay una explicación oficial integral que esclarezca por qué estas actividades continúan desarrollándose en una zona con presencia militar activa.

La dimensión política: resultados bajo evaluación

Bajo la administración de Gustavo Petro, la política de seguridad ha estado marcada por la estrategia de “paz total”, orientada a reducir la confrontación con grupos armados.

Sin embargo, casos como el de La Mandinga ponen en cuestión su efectividad en territorios donde las economías ilegales no solo persisten, sino que parecen consolidarse.

Los hechos observables son claros:

• Expansión sostenida de la minería ilegal
• Fortalecimiento económico de estructuras criminales
• Persistencia del control territorial por parte de actores armados

En este contexto, el debate no gira en torno a una implicación directa del gobierno en actividades ilícitas —para la cual no hay evidencia pública concluyente—, sino en torno a su capacidad efectiva para ejercer control estatal y desarticular estas redes.

Un síntoma de un problema estructural

El caso de La Mandinga no es un hecho aislado, sino un reflejo de un patrón más amplio en Colombia: la consolidación de economías ilegales en territorios donde la presencia del Estado no se traduce en control real.

Cuando actividades ilícitas de gran escala operan de manera visible en zonas bajo jurisdicción estatal, el problema trasciende lo operativo. Se convierte en una cuestión de gobernabilidad.

En este escenario, el oro deja de ser un recurso natural para transformarse en un vector de poder criminal, capaz de sostener estructuras armadas, degradar el ambiente y desafiar la autoridad del Estado.