Investigan una red de coimas millonarias que salpica a la gestión de Sergio Massa.

Tras las revelaciones periodísticas que exponen un esquema de retornos del 15% para liberar importaciones, la Justicia pone la lupa sobre funcionarios y operadores financieros. Se habla de una cifra astronómica que habría drenado las reservas del Banco Central.

Buenos Aires, 22 de abril de 2026
Una verdadera «bomba» judicial sacude el tablero político argentino. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de la Aduana se ha transformado en una investigación penal de escala sistémica: el presunto cobro de coimas para la aprobación de permisos a través del desaparecido Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
El esquema del 15%
Según las recientes revelaciones del periodista Jonatan Viale y documentos que forman parte de la instrucción judicial, el mecanismo era tan aceitado como voraz. Empresarios de diversos sectores habrían sido contactados por «intermediarios» u operadores financieros vinculados al poder de turno para exigir un peaje del 15% del valor total de la importación en dólares.
A cambio de este pago —realizado generalmente en cuevas financieras o cuentas en el exterior—, las DJAI o SIRA que estaban «trabadas» por falta de dólares en el Banco Central (BCRA) se autorizaban de forma inmediata.
Los números del «Curro»
La magnitud del fraude que se investiga es calificada por fuentes judiciales como «bestial». La hipótesis principal apunta a que:
Se han detectado al menos cuatro operaciones testigo con pruebas contundentes.
El monto total bajo sospecha podría alcanzar miles de millones de dólares, una cifra que, en términos comparativos, guarda una relación directa con el vaciamiento de las reservas líquidas del BCRA durante el último año de la gestión anterior.
Ya se han realizado casi 30 allanamientos en oficinas del microcentro y domicilios de exfuncionarios.
La conexión judicial
La causa, que tramita en los juzgados federales de Comodoro Py, tiene como protagonistas al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi. La investigación no solo busca a los «recaudadores» de a pie, sino que intenta determinar la responsabilidad de la cúpula que controlaba el flujo de divisas.
En los últimos días, la imputación de operadores financieros clave ha empezado a quebrar el pacto de silencio, y se especula con que algunos empresarios podrían acogerse a la figura del arrepentido para evitar la prisión, confirmando quiénes daban las órdenes finales para liberar los pagos.
Impacto político
Para el exministro Sergio Massa y su equipo económico, estas filtraciones representan un frente judicial crítico. Mientras la defensa de los implicados sostiene que se trata de una persecución política, las pruebas recolectadas en los servidores de la Aduana y el Banco Central sugieren una discrecionalidad absoluta en el manejo de los recursos públicos.
El país observa ahora si la justicia llegará hasta el fondo de lo que muchos ya denominan «la mayor estafa de la década», un sistema que, mientras asfixiaba a la producción nacional, habría enriquecido a una red de funcionarios con dólares que hoy le faltan a todos los argentinos.