Diez meses de silencio
Durante más de un año, Carmen Teresa Navas recorrió cárceles, tribunales y oficinas públicas de Venezuela buscando a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas. Tiene 82 años y desde enero de 2025 pedía una sola respuesta: saber si su hijo seguía vivo.
La respuesta llegó recién esta semana. El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que Víctor Hugo murió el 24 de julio de 2025 bajo custodia del Estado venezolano. El dato reveló una realidad todavía más grave: mientras su madre recorría organismos oficiales y denunciaba su desaparición, las autoridades ya sabían que había fallecido.
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Según la versión oficial, Víctor Hugo fue detenido el 3 de enero de 2025 y trasladado meses después desde la cárcel Rodeo I hacia un hospital militar por complicaciones de salud. El gobierno sostiene que murió por una insuficiencia respiratoria asociada a un tromboembolismo pulmonar.
Sin embargo, el centro del caso ya no es únicamente la muerte bajo custodia. Lo que generó conmoción dentro y fuera de Venezuela fue la conducta posterior de las instituciones estatales.
Durante meses, Carmen Teresa Navas denunció públicamente que no recibía información sobre el paradero de su hijo. Organizaciones de derechos humanos calificaron el caso como una desaparición forzada.
La situación tomó otra dimensión cuando salieron a la luz documentos oficiales emitidos en octubre de 2025. En ellos, la Defensoría del Pueblo informó formalmente a la familia que Víctor Hugo continuaba detenido en Rodeo I. Para entonces, según la cronología reconocida ahora por el propio gobierno, ya llevaba tres meses muerto.
El caso también expuso inconsistencias dentro del sistema judicial venezolano. El 5 de mayo de 2026, dos días antes de que el gobierno admitiera oficialmente el fallecimiento, un tribunal rechazó una solicitud de amnistía presentada a favor de Víctor Hugo. El expediente judicial seguía activo pese a que el detenido ya había sido enterrado meses atrás.
El comunicado oficial afirmó que el cuerpo fue enterrado “ante ausencia de familiares”. La declaración provocó rechazo inmediato, ya que Carmen Teresa nunca dejó de buscarlo.
Días después, la mujer fue llevada hasta una tumba donde presuntamente descansan los restos de su hijo. Allí aparecieron nuevas dudas: la fecha de defunción reflejada en la lápida no coincide con la fecha informada por el propio gobierno. Tras la presión de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, la Fiscalía anunció una investigación penal y la exhumación del cuerpo.
El caso de Víctor Hugo volvió a poner bajo cuestionamiento las condiciones de detención en Venezuela y el funcionamiento de un aparato estatal acusado desde hace años de utilizar el silencio, la desinformación y el aislamiento como mecanismos de control político.
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