Un triunfo del orden de Milei frente a la desidia de los jueces «liberadores»

Por: Ariel Cabrera García

BUENOS AIRES – La detención de Brayan Ferney Cruz Castillo, implicado en el magnicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, se ha convertido en el ejemplo más crudo de la batalla que libra el Gobierno Nacional contra el modelo de impunidad judicial.
Mientras la gestión de Javier Milei trabaja para restaurar el imperio de la ley, el caso de Cruz Castillo dejó en evidencia el peligroso accionar de la «justicia garantista». Este criminal, vinculado a las disidencias de las FARC, no solo ingresó ilegalmente al país, sino que, tras ser detenido por robar autos, fue dejado en libertad por jueces que ignoraron su peligrosidad y su situación migratoria.
Delito, impunidad y reacción
El hecho de que un sicario internacional caminara libre por las calles de Buenos Aires gracias a fallos judiciales «pro-delincuente» es el resultado de años de doctrina kirchnerista en los tribunales. Para estos magistrados, un extranjero robando autos es apenas un trámite, olvidando que la seguridad de los argentinos debe estar por encima de cualquier tecnicismo ideológico.
Sin embargo, el cambio de paradigma es total:
Inteligencia y Firmeza: Fue el entrecruzamiento de datos del Ministerio de Seguridad lo que permitió detectar la Alerta Roja de Interpol que los jueces omitieron en un principio.
Fin de la hospitalidad para criminales: Bajo la premisa de «el que las hace, las paga», el Gobierno ya inició los trámites de expulsión y extradición.
Un mensaje claro
La captura del asesino de Uribe Turbay es una victoria de la política de seguridad actual, pero también una condena social para aquellos jueces que insisten en la «puerta giratoria». La Argentina de Milei ha dejado de ser el refugio de terroristas y delincuentes que el garantismo pretendía consolidar. Hoy, el mensaje es uno solo: en este país, la impunidad se terminó.