Por: Ariel Cabrera García.
La situación de la prisionera política Lisandra Góngora Espinosa, condenada a 14 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021, ha alcanzado un punto crítico. Según denuncias de familiares y activistas, Góngora ha iniciado una huelga de hambre y sed en la prisión de mujeres «Los Colonos», en la Isla de la Juventud, como último recurso ante los constantes abusos del régimen cubano.
Un grito contra la humillación
La decisión de Lisandra surge tras un periodo de intensas humillaciones y la persistente falta de atención médica dentro del penal. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la activista también protesta contra la reciente negativa del gobierno de Miguel Díaz-Canel de reconocer la existencia de presos políticos en Cuba, una declaración que ha indignado a quienes padecen el encierro por motivos de conciencia.
El drama familiar y el alejamiento punitivo
Uno de los puntos más dolorosos denunciados por su familia es el uso de sus cinco hijos como herramienta de presión. Lisandra fue trasladada a una prisión en la Isla de la Juventud, lejos de su hogar en Güira de Melena, lo que dificulta drásticamente las visitas y el contacto con sus hijos menores, una medida que activistas califican como un «traslado punitivo» diseñado para quebrar su espíritu.
Salud en deterioro
Los reportes que llegan desde el interior del centro penitenciario son alarmantes. Se informa que la activista ya presenta signos visibles de deshidratación severa, incluyendo labios cuarteados y debilidad extrema. Su familia ha lanzado un mensaje desesperado a la comunidad internacional, responsabilizando directamente a la dictadura cubana por cualquier desenlace fatal.
«Solo le queda su cuerpo como territorio para defender su dignidad», expresaron voces de la resistencia que siguen de cerca el caso.
Contexto
Lisandra Góngora, miembro del Partido Republicano de Cuba, es una de las figuras más visibles de la represión post-11J. Su condena de 14 años ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales de derechos humanos, que exigen su liberación inmediata y el fin de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de la isla.









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