Por: Redacción WeltaNews.

La era del socialismo del siglo XXI en Bolivia parece haber entrado en su fase terminal, pero no sin antes dejar tras de sí un rastro de deterioro económico y crecientes sombras judiciales. El reciente triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira, con el 54,5% de los votos, marca el inicio de lo que promete ser una auditoría histórica que el exmandatario Evo Morales intenta contener mediante la presión en las calles.

El botín perdido: ¿Dónde están los 60.000 millones?

Durante su discurso de asunción, el presidente Paz instaló la pregunta que hoy atraviesa al país: ¿Qué se hizo con la bonanza? Bajo las administraciones de Morales y su entonces heredero político —hoy distanciado— Luis Arce, Bolivia registró ingresos históricos por exportaciones de gas natural que superaron los 60.000 millones de dólares.

El contraste con la situación actual es contundente. Informes académicos advierten sobre una economía tensionada, con una deuda pública que ya alcanza los 46.004 millones de dólares (a cierre de 2024). El gasto sostenido en empresas estatales deficitarias —al menos 16 operando con pérdidas estructurales— aparece señalado como uno de los principales factores de erosión fiscal: un sistema que consumió los excedentes sin generar retorno productivo.

Justicia acorralada: trata de personas y la “Generación Evo”

Mientras el país enfrenta inflación, escasez de divisas y pérdida de confianza, Morales lidia con su frente judicial más delicado. La Fiscalía de Tarija ha reunido más de 170 elementos probatorios en una causa por trata agravada de personas.

El caso: se investiga una relación que el exmandatario habría mantenido con una menor de 15 años en 2015, de la cual nació una hija en 2016.

El mecanismo: según la acusación fiscal, los padres de la menor habrían facilitado el vínculo a cambio de beneficios políticos y cargos públicos, en el marco de una estructura de captación juvenil identificada como “Generación Evo”.

En paralelo, la justicia argentina reactivó investigaciones por presuntos abusos sexuales de menores que habrían tenido lugar durante el período en que Morales permaneció asilado en Buenos Aires en 2020.

La estrategia del caos: presión callejera contra el orden institucional

Lejos de someterse al proceso judicial, Morales ha optado por la confrontación política. El presidente Paz lo señala como impulsor de bloqueos y protestas que han paralizado puntos estratégicos como Cochabamba y La Paz.

Los sectores afines al MAS exigen su habilitación electoral, pese a que el Tribunal Constitucional ratificó su inhabilitación tras el cumplimiento de sus mandatos. Analistas internacionales describen esta dinámica como una “estrategia de tierra quemada”: un intento de forzar condiciones de inestabilidad que diluyan la capacidad del sistema judicial para avanzar.

Un país frente a su punto de quiebre

Bolivia no solo enfrenta una crisis económica; enfrenta la revisión de un modelo que, bajo la promesa de redistribución, derivó —según sus críticos— en una estructura de poder concentrado y opaco.

El desafío del gobierno de Paz será doble: estabilizar una economía deteriorada y avanzar en un proceso de rendición de cuentas que esclarezca el destino de los recursos extraordinarios de la última década. En ese cruce entre política, justicia y economía, se juega no solo el cierre de una etapa, sino la redefinición del Estado boliviano.