Redacción Welta News

BAMAKO, Malí— La reciente oleada de ataques coordinados por grupos yihadistas en Malí este abril del 2026 ha vuelto a situar al país en el centro de la inestabilidad del Sahel. Sin embargo, el punto de inflexión más visible se remonta a 2022, cuando la junta militar expulsó a las fuerzas francesas de la operación Operación Barkhane, (france24) poniendo fin a casi una década de presencia occidental. Aquella decisión, celebrada por sectores nacionalistas, abrió un nuevo capítulo: el acercamiento a Rusia como garante de seguridad frente al avance insurgente.

Tras la salida de Francia y la progresiva retirada de la misión de la MINUSMA, el gobierno de transición apostó por reforzar sus capacidades militares con apoyo ruso. Este respaldo se materializó inicialmente a través del Grupo Wagner, posteriormente sustituido por el denominado Africa Corps. (ElPais) Moscú ofrecía entrenamiento, equipamiento y apoyo directo en combate, en un contexto donde el Estado maliense buscaba recuperar el control territorial perdido.

La escalada de violencia registrada esta semana ilustra con claridad la magnitud del deterioro.

Informes de Reuters y The Washington Post detallan ataques simultáneos en múltiples puntos del país, incluyendo zonas estratégicas del norte como Kidal y áreas cercanas a Bamako. Los asaltos, atribuidos principalmente al JNIM en coordinación táctica con facciones separatistas, provocaron decenas de víctimas entre militares y combatientes aliados, además de daños a infraestructuras clave y el repliegue de fuerzas gubernamentales en varios frentes. Como consecuencia, el control territorial se ha fragmentado aún más: amplias zonas rurales permanecen fuera del alcance efectivo del Estado, mientras enclaves urbanos resisten bajo presión constante, evidenciando un mapa de poder cada vez más difuso.

Este deterioro de la seguridad pone en entredicho la narrativa de estabilización promovida por Moscú. Informes recientes señalan bajas entre combatientes rusos y pérdida de control en enclaves estratégicos, lo que supone un golpe a la proyección del Kremlin en África. Analistas citados por Reuters advierten que la situación en Malí podría afectar la influencia rusa en otros países del Sahel, como Burkina Faso o Níger, donde también se han producido giros políticos similares.

Con todo, reducir la crisis actual únicamente a la salida de Francia o a la presencia rusa sería una simplificación. El conflicto maliense hunde sus raíces en factores estructurales: la debilidad histórica del Estado, las tensiones entre el norte y el sur, la marginación de comunidades tuareg, y la expansión de redes yihadistas tras el colapso de Libia en 2011. A ello se suman economías locales frágiles, tráfico ilícito y una geografía que dificulta el control efectivo del territorio.

En este contexto, la violencia reciente no representa una anomalía, sino la continuidad de un conflicto multidimensional que ningún actor externo ha logrado resolver. Ni la intervención francesa, ni la misión de la ONU, ni el actual respaldo ruso han conseguido revertir la fragmentación del país. Malí se mantiene así como uno de los epicentros de la crisis del Sahel, donde la lucha contra el yihadismo se entrelaza con disputas políticas, étnicas y geoestratégicas de largo alcance.

La evolución de los próximos meses será determinante. Por ahora, lo ocurrido confirma que el relevo de actores internacionales no ha alterado el fondo del problema: un Estado que, pese a los cambios de aliados, sigue sin consolidar su autoridad frente a insurgencias cada vez más adaptativas y coordinadas.