Por: Ariel Cabrera García.

SAN SALVADOR.– El sistema judicial de El Salvador inició esta semana un juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), en lo que constituye uno de los procesos penales colectivos más grandes registrados en la región. La audiencia se desarrolla de forma virtual desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El Gobierno sostiene que el proceso forma parte de su estrategia de seguridad, mientras el presidente Nayib Bukele ha defendido la legalidad del formato, comparándolo con los juicios de Núremberg.

Más de 47.000 delitos imputados

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados —entre los que se encuentran presuntos fundadores y miembros de la denominada “ranfla histórica”— son señalados como responsables intelectuales de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre los hechos incluidos en la acusación figuran los 87 homicidios registrados durante un fin de semana de marzo de 2022, episodio tras el cual el Gobierno implementó el Régimen de Excepción.

Una reforma legal aprobada en 2023 permite procesar a personas por su pertenencia a estructuras criminales, además de los delitos individuales, lo que habilita este tipo de procesos colectivos.

Reducción de homicidios y respaldo a la política de seguridad

De acuerdo con datos oficiales, El Salvador registró 82 homicidios en 2025, lo que representa una disminución del 28% en comparación con el año anterior.

Asimismo, encuestas difundidas por el oficialismo sitúan el nivel de aprobación de las medidas de seguridad en torno al 90%, en un contexto de recuperación del control estatal en zonas anteriormente dominadas por pandillas.

Cuestionamientos por el debido proceso

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por el desarrollo de juicios masivos.

Según estos organismos, el procesamiento simultáneo de cientos de acusados podría dificultar el ejercicio de una defensa individual efectiva y afectar garantías del debido proceso.

Distintos especialistas también han advertido sobre el riesgo de errores judiciales en el contexto de más de 91.000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción.

El CECOT como escenario central

Los imputados siguen las audiencias a través de pantallas instaladas en el CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para el confinamiento de personas vinculadas a estructuras criminales.

El centro penitenciario se ha convertido en un eje de la política de seguridad del Gobierno y ha sido utilizado recientemente para albergar a presuntos integrantes de organizaciones criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, en el marco de acuerdos internacionales.

El desarrollo de este proceso coloca a El Salvador en el centro del debate internacional sobre los alcances de los juicios colectivos y su compatibilidad con las garantías judiciales, en un contexto en el que otros países de la región observan con atención este modelo de seguridad.